¿En qué consiste el mobbing inmobiliario?

El acoso inmobiliario (o mobbing inmobiliario) es una conducta ilícita en la que se ejerce hostigamiento continuado sobre un inquilino con el fin de obligarlo a abandonar su vivienda, normalmente por motivos económicos o especulativos. Estas prácticas, que incluyen actos reiterados como cortes de suministros, daños en la propiedad o amenazas, impiden el disfrute pacífico del hogar y pueden constituir delitos como coacciones agravadas o atentados contra la integridad moral según el Código Penal. Documentar todo y denunciar es clave para poder actuar judicialmente.

¿Cuáles son los casos de acoso inmobiliario más comunes?

Entre las numerosas conductas abusivas por parte del casero, las siguientes acciones pueden considerarse acoso inmobiliario:

• Intentar que el inquilino pague la redacción del contrato a través de una agencia, o se haga cargo de los gastos del abogado o el administrador. Esto no es legal porque nadie debe abonar un servicio que no ha contratado.
• No pagar los desperfectos producidos por el paso del tiempo u obras de conservación. El inquilino solo está obligado a responsabilizarse por las pequeñas reparaciones derivadas de un uso diario. Para ello, conviene contratar un seguro de alquiler para inquilinos con el que pueda hacer frente a posibles desperfectos ocasionados en la vivienda.
• Impago de las facturas de los suministros de luz, agua o gas, o causar daños o molestias en la vivienda con el fin de crear condiciones de inhabitabilidad.
• Negarse a cobrar la renta. Si esto ocurre, se recomienda que el inquilino realice el pago mediante un giro postal o que consigne el importe de la renta en el juzgado o ante notario, con el fin de evitar un desahucio.
• Impedir obras de accesibilidad. La ley permite que el arrendatario suprima las barreras arquitectónicas si lo necesita alguno de los habitantes o estos tienen más de 70 años, siempre que no afecten a los elementos comunes del edificio, o a su seguridad o estabilidad.
• El casero amenaza al inquilino a través de insultos y presión psicológica para que abandone la vivienda. 

¿Está contemplado el acoso inmobiliario en el código penal?

La última reforma del Código Penal reconoce la capacidad de sancionar las conductas de acoso de los propietarios de viviendas con respecto a sus inquilinos.

• Delito de acoso inmobiliario: Regulado en el Artículo 173.1 del Código Penal español (6 meses a 2 años de prisión) para hostigamientos que impiden el disfrute de la vivienda.
• Delito de coacciones agravadas: Si hay violencia, puede ser el Artículo 172.1 (más de 1 año y 9 meses de prisión).
• Pruebas: es necesario demostrar la reiteración y que el propietario es el autor (o quien lo encarga).

¿Cómo puedo denunciar a mi casero por acoso?

Antes de alquilar un piso es importante conocer tus derechos, especialmente el de disfrutar tranquilamente de la vivienda mientras el contrato esté vigente. Además, como inquilino tienes derecho a que la ley te proteja ante una situación de acoso, pudiendo presentar una denuncia por acoso inmobiliario e interponer una demanda civil contra el propietario en los juzgados.

1. Documenta: Registra cada incidente, toma fotografías o vídeos que evidencien las situaciones de acoso.
2. Comunica por escrito: Comunica tu situación al propietario mediante burofax.
3. Busca asesoramiento: Acude a un abogado especialista en derecho inmobiliario para asesoramiento legal y orientación sobre el proceso.
4. Considera la mediación como vía para resolver el conflicto.
5. Presenta una denuncia si hay amenazas, agresiones o coacciones graves.

Ley de vivienda 2023: derechos como inquilino

La nueva ley de vivienda 2023 es muy clara con respecto a los derechos que tienes como inquilino. Así, el arrendador no podrá expulsarte del inmueble a menos que pueda demostrar que lo necesita para él mismo o para un familiar de primer grado (padres, hijos o cónyuge), avisando con dos meses de antelación. Además, esta posibilidad debe estar prevista de manera expresa en el contrato. 

Asimismo, las subidas del alquiler te las debe comunicar el casero a través de un burofax o correo electrónico con un mínimo de 1 mes de antelación. Además, los gastos y honorarios de la inmobiliaria siempre son responsabilidad del arrendador y jamás del arrendatario.

Conocer la ley es importante para hacer valer los derechos que tienes como inquilino y protegerte de los abusos del arrendador. Y es que, si esto ocurre, se puede denunciar al propietario del piso de alquiler.